Presidente del TS: «Hay que potenciar al máximo el factor humano que, en lo que compete al CGPJ, se centra en la figura del juez»

Se abre un año más el curso judicial en España con el acto de apertura en el Tribunal Supremo, presidido por S.M el Rey Felipe VI. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha pronunciado el discurso inaugural, al que ha precedido la intervención de la Fiscal General del Estado.

Han asistido el vicepresidente y los magistrados del Tribunal Supremo, así como los fiscales, abogados del Estado y letrados de la Administración de Justicia de dicho órgano; los vocales del CGPJ, la ministra de Justicia, Dolores Delgado; y el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, entre otras autoridades.

 

La Fiscal General del Estado, María José Segarra, ha presentado los datos de la Memoria de la Fiscalía correspondiente al año 2018 en la Apertura del Año Judicial en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo.

La Memoria recoge la actividad del Ministerio Fiscal desarrollada durante el año inmediatamente anterior al de su publicación, así como la evolución de la criminalidad, la prevención del delito y las reformas convenientes para una mayor eficacia de la Justicia. También contiene las observaciones que los Fiscales de los distintos órganos elevan a su vez a la Fiscalía General del Estado.

Segarra se ha referido también a la respuesta ofrecida ante el desafío secesionista catalán y ha recordado que el juicio se ha desarrollado con plenas garantía y transparencia: “la respuesta del sistema judicial ha sido la aplicación serena, firma y rigurosa de la Ley”

La Fiscal ha señalado que “todos tenemos la imperiosa obligación de acatar la sentencia, sea cual sea el sentido de la misma”, “el normal funcionamiento de las instituciones y singularmente del sistema de Justicia es uno de los pilares en lo que ha de basarse la convivencia”.

La Fiscal General ha abogado por la tipificación penal de toda forma de proxenetismo, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea, e intensificar los instrumentos de protección de testigos, particularmente con la reforma del artículo 730 LECrim para contemplar expresamente la posibilidad de eximir a toda víctima especialmente vulnerable de la necesidad de volver a prestar declaraciones que implicarían una victimización secundaria, previo dictamen emitido por el correspondiente especialista.

La delincuencia sexual afecta particularmente a las mujeres. Los procedimientos iniciados han aumentado hasta casi 19.000 asuntos, es decir, un 23 % más que las cifras recogidas en el año anterior.

La Fiscalía General ha incrementado su actividad como muestra de su compromiso en materia de corrupción. Los procedimientos judiciales en trámite han pasado de 600 a 700 el año pasado.

En el 2018 se dictaron 41.000 sentencias en esta materia. De ellas, 29.000 fueron condenatorias, de las que 17.000 fueron por conformidad del acusado. Además, se ha producido un incremento del 2 % en el número de medidas cautelares solicitadas (45.045 en el año 2018, frente a las 44.106 del año 2017).

Desde la Fiscalía General se ha insistido en la necesidad de reformar el art.324 LECrim, mediante la supresión del actual diseño y su eventual sustitución por un modelo alternativo de control de plazos que atienda a la realidad del funcionamiento y medios de los Juzgados y Fiscalías, ya que a día de hoy “no se ha reducido la carga real del trabajo cotidiano en los Juzgados de Instrucción, que siguen anclados en una gestión burocrática. Otro tanto se puede decir de los órganos de enjuiciamiento, cuyas oficinas se ven incapaces de superar la congestión derivada del número de asuntos asumidos.

En su discurso en el acto de apertura del año judicial, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha destacado el papel de la Justicia “como factor de prosperidad y de progreso económico”.

En este sentido, ha concluido que “el buen funcionamiento de la Justicia es determinante para la confianza que demandan ciudadanos, empresas e inversores a la hora de tomar sus decisiones y apuestas de futuro. De ello depende, en gran medida, el desarrollo del conjunto del país.”

Así pues, “la incertidumbre es uno de los factores que de manera más nociva incide en la inestabilidad económica de una sociedad. La ausencia de previsibilidad impide un cálculo solvente de riesgos y, consecuentemente, obstaculiza un crecimiento económico sostenido. En este contexto, el concepto de seguridad jurídica adquiere una importancia capital, propiciando un escenario de certeza en el que la adopción de decisiones empresariales y económicas se vea avalada por un marco decisorio razonablemente cognoscible.

Una Justicia ágil y previsible, con criterios claros y comprensibles, adecuadamente cohonestada con todas las Administraciones implicadas y en la que se fomente el empleo de medios alternativos de resolución de conflictos, debe ser un objetivo ineludible para un país que quiera crecer y progresar racionalmente.

Un país que ofrece niveles óptimos de seguridad jurídica tiene mayores oportunidades de atraer el capital y los recursos productivos que se requieren para crear riqueza y empleo. Puede decirse, sin riesgo de exageración, que el sistema jurídico-procesal no es únicamente un marco, sino una verdadera infraestructura para la inversión y el crecimiento económico. Así nos lo vienen recordando, desde hace años, instituciones tan solventes como el Banco Mundial.”

Posteriormente, el presidente del Alto Tribunal, ha enunciado los datos de litigiosidad y estado de nuestros juzgados y tribunales, incidiendo en los esfuerzos llevados a cabo por parte de la administración para mejorar y dotar a nuestra justicia de mejores recursos. En este sentido ha afirmado, “que la Administración de Justicia ha de ser dotada de los medios materiales y personales de que precisa, lo que ha de ser reclamado de las Administraciones competentes no como una reivindicación corporativa o interesada de quienes formamos parte de ella, sino como uno de los ejes que han de permitir que nuestro Estado de Derecho quede definitivamente vertebrado”.

Además, Lesmes señaló durante su intervención, que debemos actuar en dos frentes; por un lado, acometer las reformas estructurales y organizativas que aún están pendientes y, por otro lado, potenciar al máximo el factor humano que, en lo que compete al Consejo General del Poder Judicial, se centra en la figura del juez.

 

Compartir por:
error

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *